La protesta de los mineros informales que bloqueaban la avenida Abancay terminó en un violento desalojo, precedido por agresiones verbales y físicas contra miembros de la prensa. La manifestación, respaldada por algunos congresistas como Paul Gutiérrez, presidente de la Comisión de Energía y Minas, y Segundo Quiroz, generó controversia por los discursos polarizantes que pronunciaron en medio del conflicto.
Durante la protesta, el congresista Gutiérrez afirmó que la llamada Ley MAPE —que busca regularizar a los mineros en proceso de formalización— estaba pensada para el sector informal, no para la gran minería. Además, anunció la convocatoria a una sesión extraordinaria para intentar aprobar dicha ley.
REACCIONES DESDE EL CONGRESO
Sin embargo, desde el propio Congreso surgieron voces críticas. El legislador Diego Bazán (Renovación Popular) acusó a Gutiérrez de usar el conflicto para dividir al país con fines políticos. A su vez, Jorge Montoya (Honor y Democracia) sostuvo que el problema debía abordarse técnicamente, no como una lucha entre “ricos y pobres”.
El exministro de Economía, Ismael Benavides, advirtió que detrás del respaldo político a los mineros podría haber intereses económicos y electorales. “Con los precios actuales de los minerales, muchos de estos mineros informales manejan grandes sumas de dinero, lo que les permite financiar campañas o beneficiar a congresistas”, alertó.