Era cuestión de tiempo. Este jueves por la mañana, el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, oficializó lo que ya venía generando polémica: el aumento del sueldo de la presidenta Dina Boluarte a S/ 35,568 mensuales, el equivalente a aproximadamente 10 mil dólares, colocándola entre los mandatarios mejor remunerados de Latinoamérica, solo por detrás de sus pares en Uruguay, Guatemala y Costa Rica.
La decisión, plasmada en un Decreto Supremo, eleva el sueldo presidencial a 33 veces el salario mínimo en un país donde el sueldo básico es de S/ 1,130 y más del 70% de la población económicamente activa es informal. En un país aún golpeado por las secuelas de la pandemia, con brechas sociales profundas y una pobreza urbana que ha pasado del 14% en 2019 al 28% en 2023, el anuncio ha sido duramente cuestionado.
“Es una pésima lectura del contexto económico y político”, advirtió Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE). “Las remuneraciones deben basarse en resultados y productividad, pero este gobierno no muestra avances claros”.
FALTA DE TRANSPARENCIA
La falta de transparencia en el proceso también ha generado indignación. José Luis Gargurevich, presidente ejecutivo de Proética, cuestionó que entidades como SERVIR o la Autoridad Nacional del Servicio Civil no hayan sustentado públicamente la decisión. “Nos hemos enterado de este aumento sin deliberación, sin sustento técnico, y eso es inaceptable”, criticó.
