Ocho meses han pasado desde que cuatro jóvenes —Oscar Torres, Justin Lojas, Danny Meléndez y Hideki Bocanegra— desaparecieron en la zona minera de Pataz, en La Libertad. Viajaron con la esperanza de ganar un sueldo digno, pero nunca regresaron. Desde entonces, sus madres viven un calvario de incertidumbre, dolor y silencio institucional. “No sabemos nada de él, ni el cuerpo, ni una respuesta”, dice Lourdes Valverde, madre de Justin. Para Jessica Sánchez, madre de Oscar, la angustia se multiplica cada vez que su nieta le pregunta por su padre.
Los jóvenes habrían sido víctimas de una falsa oferta laboral. La última vez que fueron vistos fue el 17 de septiembre de 2024, cuando se dirigían a la mina La Tolva a cobrar su sueldo. Desde entonces, sus padres iniciaron una búsqueda incansable. Viajaron hasta Huamachuco, donde denunciaron desinterés por parte de la Policía y del fiscal Enrique Valverde, quien se negó a mostrarles restos humanos hallados en una mina dinamitada. Las familias creen que esos restos podrían pertenecer a sus hijos.
El fiscal Valverde sostiene que los cuerpos están en avanzado estado de descomposición y no pueden ser reconocidos, y que las investigaciones son reservadas. Indicó que se han tomado muestras de ADN y que el análisis se realiza en Ayacucho, pero los resultados podrían tardar hasta un año. Para los padres, ese plazo es inaceptable. Acusan al fiscal de proteger intereses oscuros y de no representar al pueblo. “Usted trabaja para los asesinos, no para nosotros”, reclamó Daniel Bocanegra, padre de Hideki.
PIDEN INTERVENCIÓN DE LA JNJ
La exdefensor del Pueblo, Walter Albán, ha calificado como irregular el accionar del fiscal y ha pedido que la Junta Nacional de Justicia tome cartas en el asunto. Mientras tanto, las familias de los jóvenes desaparecidos continúan exigiendo justicia y respuestas que el Estado aún les niega. “Hasta no verlo, no voy a aceptar que ya no está con nosotros”, sentencia Rosa Huaroto, madre de Danny, con la esperanza aún intacta de que su hijo esté con vida.
