El reciente asilo político concedido por Brasil a Nadine Heredia ha reactivado las tensiones diplomáticas y jurídicas entre Lima y Brasilia. La ex primera dama del Perú, investigada junto a su esposo Ollanta Humala por presunto lavado de activos vinculado a los aportes de Odebrecht, recibe la protección de Luiz Inácio Lula da Silva, actual presidente de Brasil, quien también fue acusado y condenado por corrupción en el mismo caso, aunque luego fue absuelto por el Supremo Tribunal Federal de su país.
Lazos políticos, antecedentes judiciales
Lula da Silva fue encarcelado en 2018 tras ser condenado por corrupción y lavado de dinero en el marco del caso Lava Jato, el escándalo más grande de corrupción en América Latina. Pasó 580 días en prisión hasta que el máximo tribunal de justicia brasileño anuló sus condenas en 2021 por irregularidades procesales, lo que le permitió regresar a la política y asumir nuevamente la presidencia en 2023. Según declaraciones del propio Marcelo Odebrecht, Lula habría recibido cerca de 8 millones de reales en efectivo entre 2012 y 2013.
La conexión entre Lula y la ex pareja presidencial peruana, basada tanto en afinidades ideológicas como en vínculos con Odebrecht, plantea interrogantes sobre la imparcialidad del asilo otorgado a Heredia. Aunque el procedimiento formal de extradición exige que la solicitud parta del Poder Judicial peruano y sea refrendada por la Corte Suprema y el Ejecutivo, el entorno político brasileño, con Lula en el poder, podría resistirse a colaborar con dicho pedido.
La historia reciente de figuras protegidas por asilo político, como Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres, demuestra que los cambios de gobierno pueden alterar completamente el destino de los asilados. Si Lula no continúa en el poder después de 2026 y un partido opositor asume la presidencia, la decisión de revocar el asilo de Nadine Heredia podría convertirse en una posibilidad real, dejando abierta la puerta a su eventual extradición al Perú.
