El sector del transporte público en Lima se encuentra en una situación crítica, con un alarmante aumento en los asesinatos de choferes, víctimas de extorsiones que ocurren a plena luz del día, sin que las autoridades logren frenar la violencia. En las últimas semanas, hasta 15 choferes han sido asesinados en distintos puntos de la capital, lo que ha generado una fuerte preocupación en gremios de transporte y la ciudadanía en general. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, la situación parece no mejorar.
La reciente reunión entre representantes de gremios de transporte, el nuevo ministro del Interior, Julio Díaz, y altos mandos de la Policía Nacional de Perú había dado esperanzas de que las medidas de seguridad se intensificarían. Según Martín Valeriano, representante de ANITRA, el ministro se comprometió a aumentar el patrullaje y coordinar esfuerzos entre las distintas áreas de la policía para combatir la extorsión. Sin embargo, dos días después de este encuentro, otro conductor fue asesinado en un ataque a plena luz del día, lo que ha generado escepticismo en el sector. Valeriano afirmó que, si no se obtienen resultados en los próximos 10 a 15 días, los gremios evaluarán tomar medidas de fuerza a nivel nacional, como un paro de transporte.
La situación es aún más preocupante debido a que el 50% de las empresas de transporte público están siendo extorsionadas, lo que ha obligado a muchas de ellas a suspender sus servicios para evitar mayores riesgos para sus trabajadores y pasajeros. Los choferes y los representantes del gremio han exigido respuestas concretas y resultados tangibles por parte de las autoridades para garantizar la seguridad de los transportistas y frenar la ola de criminalidad que amenaza la estabilidad del servicio público.
NO DESCARTAN PARO NACIONAL
Ante este panorama, los gremios de transporte están considerando la posibilidad de convocar un paro nacional entre el 12 y 17 de abril. La medida de protesta se llevará a cabo si en los próximos días no se logran resultados efectivos en la lucha contra la extorsión y la inseguridad que afecta a los trabajadores del sector. Los transportistas advierten que ya no pueden seguir trabajando bajo esta amenaza constante y exigen que las autoridades tomen medidas decisivas para poner fin a la violencia.
