La política de deportaciones impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comenzado a afectar a ciudadanos peruanos en situación irregular en tierras norteamericanas. María Bolaños Echeandía, una vendedora peruana residente en la ciudad de Houston, fue detenida por las autoridades por su estatus migratorio y se suma a los más de 500 compatriotas que serán deportados al país en los próximos días.
El caso de María ha generado conmoción, ya que fue separada de su hija de seis años tras su detención. La menor quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses, y su familia en Perú solicitó asistencia para que madre e hija pudieran regresar juntas. Sin embargo, las gestiones se complicaron cuando el consulado peruano les exigió un “certificado de pobreza” como requisito para costear el pasaje de la niña.
El exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Rodríguez Mackay, criticó esta burocracia, señalando que existen más de tres millones de peruanos en el exterior, de los cuales más de un millón residen en Estados Unidos, muchos en condición de indocumentados. Para el exfuncionario, la Cancillería Peruana debería actuar con mayor celeridad y aplicar criterios más humanitarios en casos como este.
CANCILLERÍA SE PRONUNCIA
Afortunadamente, la familia de María Bolaños Echeandía logró reunir los 1,500 dólares necesarios para el viaje de la menor, evitando una prolongada separación. Frente a la creciente ola de deportaciones desde Estados Unidos, la Cancillería emitió un comunicado anunciando que evaluará la flexibilización de este requisito, con el fin de no afectar aún más a los peruanos en esta difícil situación.
