El pasado sábado 26 de octubre, un grave episodio de contaminación se produjo en el río Rímac, la principal fuente de agua potable de Lima. Un torrente de aguas oscuras y contaminadas recorrió el cauce, transformándolo en una amenaza para los hogares limeños. Sedapal, en respuesta urgente, procedió al cierre de sus compuertas en las plantas de Huachipa y La Atarjea para evitar la distribución de agua tóxica, lo cual habría desencadenado una catástrofe.
La causa del problema, según las primeras declaraciones, se habría originado en la central hidroeléctrica de Huampaní, gestionada por la empresa ENEL. En total, se calcula que alrededor de 140,000 metros cúbicos de agua contaminada, con un aspecto y olor similar al petróleo, recorrieron el cauce del río por más de dos horas. Sedapal se vio obligado a activar sus reservas de agua para mantener el suministro en la capital, mientras monitoreaban la magnitud del desastre y el potencial impacto a largo plazo.
Las secuelas del vertido aún son visibles en zonas cercanas a la desembocadura del río, donde el agua contaminada permanece estancada, y los habitantes temen que esta situación se repita. Si bien Sedapal evitó un corte total en el servicio, este evento ha encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad de la ciudad ante nuevos “ecocidios” y el riesgo latente de que las plantas de tratamiento se vean contaminadas.
LLAMADO A LAS AUTORIDADES
La pregunta sobre quién se hará responsable de esta emergencia ecológica permanece sin respuesta. Lima y sus habitantes exigen a las autoridades y a las empresas involucradas medidas preventivas más estrictas y soluciones inmediatas para que el río Rímac recupere su calidad de agua y el suministro de la ciudad no se ponga nuevamente en peligro como hace algunos días.