El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el petróleo venezolano “pertenece” a su país y que habría sido tomado de manera ilegal, declaraciones que reavivan la tensión política y económica entre Washington y Caracas. Durante un discurso, Trump sostuvo que empresas petroleras estadounidenses regresarían a Venezuela para invertir millones de dólares y recuperar una infraestructura que, según dijo, se encuentra devastada.
¿SUSTENTO LEGAL?
Sin embargo, especialistas coinciden en que esta postura carece de sustento legal. La historia registra que en 1976 el entonces presidente venezolano Carlos Andrés Pérez nacionalizó la industria petrolera, extinguió las concesiones extranjeras y creó Petróleos de Venezuela (PDVSA) para administrar los activos. Este proceso rompió la relación estratégica que Venezuela mantenía con Estados Unidos como su principal socio comercial y comprador de crudo.
En la década de los noventa, el país reabrió su mercado a inversionistas extranjeros mediante convenios, pero con la llegada de Hugo Chávez al poder la política se endureció. En 2007, el Estado venezolano adquirió la mayoría de activos de empresas como ExxonMobil y ConocoPhillips, lo que derivó en arbitrajes internacionales. Según expertos, aunque los laudos fallaron a favor de las compañías —como el caso de ConocoPhillips, con una condena de 10 mil millones de dólares—, ello no implica que el petróleo sea propiedad estadounidense ni que Venezuela haya cumplido plenamente con los pagos.
Los analistas subrayan que cualquier eventual retorno de empresas norteamericanas a la administración del crudo venezolano requeriría nuevos procesos de concesión bajo el marco legal vigente. Casos similares también se registraron en el Perú, donde la nacionalización de La Brea y Pariñas en 1968 terminó en negociaciones e indemnizaciones millonarias a empresas estadounidenses, evidenciando que la expropiación es una figura legítima en el derecho internacional, pero sujeta a compensaciones y acuerdos posteriores.
