El coordinador de las Fiscalías Especializadas en Medio Ambiente, Frank Almanza, alertó que la reducción millonaria del presupuesto asignado al Ministerio Público por parte del Gobierno podría paralizar operaciones clave en la lucha contra el crimen organizado.
En entrevista con 2025 en 24 Horas, Almanza explicó que la situación afecta no solo a los despachos de medio ambiente, sino también a las fiscalías de violencia y crimen organizado. “Se van a paralizar actividades. La criminalidad está creciendo de manera exponencial, entonces se requiere más fiscales, más recursos, y lo que pasa es que cada año se reduce el presupuesto”, señaló.
El fiscal precisó que, en el caso de la lucha contra la minería ilegal, no cuentan con presupuesto propio, lo que los obliga a depender de otras instituciones. “Eso nos limita gravemente en nuestro accionar. El año pasado se gastó el 96% del presupuesto, que ya era mínimo, y este año, a la fecha, se ha ejecutado solo el 60%”, agregó.
EVENTUAL INTERVENCIÓN EN EL MINISTERIO PÚBLICO
Finalmente, Almanza advirtió sobre el riesgo de una intervención política en la institución en pleno contexto electoral. “En tiempos electorales, una intervención en el Ministerio Público sería un golpe de Estado; intervenir un organismo autónomo en estos tiempos implicaría atentar contra la democracia del país”, sentenció.
