La circulación de colectivos informales en avenidas principales como Arequipa y Javier Prado continúa sin control efectivo, pese a la imposición masiva de papeletas. Una investigación con cámara escondida reveló cómo estudios legales, incluso instalados en las inmediaciones del SAT, ofrecen “desaparecer” multas de tránsito —incluidas las consideradas gravísimas— mediante la dilatación de trámites hasta que estas prescriban.
MODUS OPERANDI
Según se pudo constatar, el mecanismo consiste en alargar los procesos de impugnación para dejar las multas en “stand by” hasta que se cumpla el plazo de prescripción, que puede ser de dos a cuatro años si no existe notificación formal. De acuerdo con el periodista Juan Pablo León, de El Comercio, por cada diez papeletas impuestas solo se paga una, lo que evidencia que el sistema sancionador resulta poco efectivo y termina alimentando la informalidad.
La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) imponen alrededor de un millón de papeletas al año, con multas que en algunos casos superan los 10 mil soles. Sin embargo, ante la impunidad persistente, la ATU ha empezado a denunciar penalmente a conductores de colectivos por el delito de exposición al peligro, lo que puede acarrear penas de hasta tres años de prisión suspendida, según lo acreditan citaciones del Ministerio Público.
Esta facultad existe desde el 2020, pero sin cárcel efectiva resulta poco disuasiva para quienes continúan prestando este servicio informal a diario, infringiendo normas de tránsito, excediendo límites de velocidad y generando competencia desleal al sistema formal. En el Perú mueren cerca de 3,500 personas al año en accidentes de tránsito, y los colectivos informales son señalados como parte de un problema estructural que sigue cobrando vidas ante la falta de control real.
