El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, advirtió que el sistema penitenciario peruano atraviesa una profunda crisis, evidenciada en la reciente fuga de un interno del penal de Lurigancho. En diálogo con Tatiana Alemán para el programa 2025 en 24 Horas de Panamericana Televisión, Valdés señaló que este establecimiento carcelario, diseñado para albergar a 2,500 personas, “tiene cerca de 10,000 internos”, lo que representa una sobrepoblación de 4 a 1. “Es prácticamente imposible el control de esa multitud con las fuerzas que tiene el INPE”, afirmó, y recordó que los agentes “no están armados dentro del penal, porque perderían las armas ante cualquier evento”.
Sin protocolos eficaces ni control externo
Valdés describió cómo John Kennedy, el reo fugado, utilizó un arma blanca para abrirse paso y logró escalar una pared de cinco metros de altura cubierta con malla y púas. “Es un atleta”, ironizó. El exfuncionario lamentó la falta de respuesta ante la fuga: “No parece haber un protocolo que se active rápidamente para recapturarlo”, y criticó que los trabajadores del INPE solo contaban con “pitos y linternas” frente a un interno armado. Asimismo, cuestionó la efectividad de la llamada “cazapatos”, la escopeta de perdigones disponible en las torres de vigilancia.
Valdés apuntó a un problema estructural: el INPE no solo ha sido incapaz de controlar el ingreso de objetos prohibidos, como “celulares, chips, antenas, armas y drogas”, sino que además enfrenta corrupción y amenazas internas. Propuso que el control de acceso a los penales sea delegado a un tercero, incluso privado, bajo estándares similares a los de un aeropuerto. “El personal del INPE o es corrupto o está amenazado. No puede estar la seguridad externa en manos del INPE”, sentenció.
Finalmente, alertó sobre la urgencia del cumplimiento del fallo del Tribunal Constitucional, que otorgó un plazo al Ejecutivo para resolver el hacinamiento en los penales. “Ese plazo vence en mayo. Queda poco más de una semana. En una semana no se va a hacer lo que no se hizo en cinco años”, advirtió. Aunque reconoció que el actual jefe del INPE heredó esta situación, Valdés responsabilizó directamente al Ministerio de Justicia y al Ejecutivo por la inacción frente a esta bomba de tiempo carcelaria.
