La Organización de las Naciones Unidas, a través de su oficina de alto comisionado, solicitó al Gobierno de Dina Boluarte elaborar un informe sobre las muertes registradas durante las protestas en diferentes regiones del país.
"Nos inquieta el aparente uso indebido del derecho penal y el poder fiscalizador del Estado para judicializar personas que ejerzan su derecho a la reunión pacífica", señala el comunicado del organismo internacional.
Asimismo, la ONU refiere haber recibido información de que, aparentemente, la situación de vulnerabilidad de personas del sector campesinos y de pueblos indígenas se habría incrementado en el Perú.
"Es deber del Estado asegurar a todas las personas la posibilidad de expresarse pacíficamente sus opiniones sin ningún temor, así como de ejercer sus derechos de libertad de asociación y reunión", finaliza el comunicado.
